Uno de los aspectos trascendentes y postergados del sistema tributario es el relativo al impuesto inmobiliario, que presenta desfasajes rayanos en lo absurdo, si se comparan el valor fiscal y el valor de mercado de algunas tierras, sobre todo en zonas rurales. El Servicio Nacional de Catastro (SNC) fracasó, pues en 20 años no pudo establecer una medida equilibrada. Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó, en general, un proyecto de ley que modifica la normativa vigente y establece un nuevo sistema, en el que cada municipalidad fijará los valores fiscales de su municipio.

Ya en el 2008, poco antes de que terminara su mandato presidencial, Nicanor Duarte Frutos recibía del Banco Mundial (BM) un informe titulado “Impuesto Inmobiliario: Herramienta clave para la descentralización fiscal y el mejor uso de la tierra”, producto de la investigación de un equipo liderado por el exrepresentante del ente internacional en nuestro país, Peter Hansen.

En dicho informe se demostraba que la desactualización del valor fiscal de las tierras en el Paraguay era ilógica e incluso dificultaba la reforma agraria. Se dejaba en claro, por ejemplo, que en algunas zonas del país los valores fiscales estaban, en aquel entonces, en alrededor de G. 160.000 por hectárea, y sobre eso se pagaba (y se sigue pagando) tan solo 1 % de impuesto inmobiliario, o sea G. 1.600 por año, cuando las hectáreas en esas zonas valían unos USD 4.000 por hectárea, al cambio de aquellos años.

De acuerdo con algunos analistas, existen dos problemas graves. Por un lado, la misma ley que hoy rige, no admite que la actualización de los valores fiscales sea más que la inflación del año anterior, con un techo del 15 %. Y, por otro lado, el SNC aplica el mismo porcentaje de aumento a toda la República, sin discriminación geográfica. Es sabido que el valor de mercado de las tierras en ciertas zonas, como en Itapúa y en Alto Paraná, aumenta mucho más rápidamente que el promedio del país.

Por tanto, es imperioso actualizar el valor fiscal de las tierras, contando con fórmulas de ajuste que permitan mantenerlo al valor de mercado, diferenciado por zonas. Aquel informe del BM indicaba que solo el 10 % de toda la recaudación por impuesto inmobiliario correspondía a inmuebles rurales, lo que fomentaba la especulación.

Para tratar de salvar el desajuste, la Cámara de Diputados aprobó recientemente, en general, un proyecto de ley que establece un nuevo sistema, en el que cada municipalidad fijará los valores fiscales de su municipio. Esta pretendida solución puede ser peor que el problema, porque está comprobado que, por lo general, los municipios son ineficientes en su gestión y están inficionados por la corrupción. Además, no en todas las municipalidades hay personal técnico capaz de semejante tarea. Podría sobrevenir un caos con 248 valoraciones diferentes. En este contexto general, urge un estudio profundo del referido proyecto, en la búsqueda de un ordenamiento racional que instale la equidad en la valoración para el impuesto inmobiliario en el país.