ÑACUNDAY (Sergio Rubinich, corresponsal). La Policía está dilatando la orden de desalojo, que afecta a varias fincas situadas en éste distrito, ocupadas por los violentos carperos dirigidos por el polémico dirigente liberal Victoriano López, imputado por el Ministerio Público por proxenetismo.

La orden judicial, emanada del juzgado del magistrado Rafael Jacobo, data del 19 de diciembre, sin embargo, hasta ahora no se acata. Los carperos de la comisión vecinal Santa Lucía, liderado por Victoriano López y que recibió “refuerzo” en los últimos días de otros puntos, como Mariscal López, San Pedro y otras zonas, está instalado al costado de una calle vecinal ubicada bajo la línea de extensión de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que comunica varias localidades del sur de Ciudad del Este con Itapúa.

Los campesinos se habían instalado en el lugar luego de ser desalojados de la hacienda Espigón, el 13 de julio del 2011, donde ocuparon ilegalmente varias fincas desde abril del año pasado. El campamento tiene conexión de energía eléctrica, alumbrados públicos y hasta un transformador propio. El juez Rafael Jacobo del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial de Santa Rita firmó la orden judicial el 19 de diciembre del 2011, en la causa caratulada Valmir Berle Mahlot e Ivani Rubenich Rutsatz contra personas innominadas sobre interdicto de recobrar la posesión.

Los demandantes son vecinos del lugar, quienes recurrieron a un interdicto para recobrar la posesión, debido a que en los últimos meses los carperos extendieron considerablemente la superficie de su campamento, incluso impidieron la fumigación de una plantación ubicada en el sector, según los antecedentes. Por su parte, la Policía dice que está realizando un relevamiento de datos para luego efectuar los desalojos.

Mediante un comunicado de la institución policial informaron que cuentan con la disposición judicial, firmada el 19 de diciembre por el magistrado Rafael Jacobo, y están cumpliendo con el Protocolo de Procedimiento, que implica obtener un relevamiento de datos sobre las personas ocupantes y que es realizado por el Departamento de Derechos Humanos de la citada dependencia.